EL DERECHO A LA PROTESTA EN EL PERÚ: ¿ES POSIBLE RECONOCER EL PLURALISMO JURÍDICO SIN CRIMINALIZAR LOS RECLAMOS SOCIALES?

Cada cierto tiempo, y debido al incumplimiento de las promesas realizadas en campaña por parte de los gobernantes legítimamente elegidos por la ciudadanía, se genera desazón y decepción en la población, sensaciones que motivan protestas al interior del país; lamentablemente los diversos gobiernos que hemos tenido desde el año 2001 hasta la actualidad han malentendido el concepto de “orden” y “paz social”, reprimiendo severamente las protestas que legítimamente se han ido originando y que tienen ya más de veinte años desde el retorno de nuestro país a la democracia; sin embargo, el clímax de la represión por parte del gobierno a la protesta social lo estamos viviendo desde que se declaró la vacancia contra el ex presidente Pedro Castillo producto de su fallido e inconstitucional golpe de Estado anunciado el 07 de diciembre del 2022; no olvidemos que desde aquel momento un gran sector de la población mostró su indignación respecto al papel que jugaba el parlamento en donde se encuentran personas que no representan la sociedad y que buscan mantener sus privilegios (o los de aquellos grupos económicos y de poder a los que sí representan) así como por la falta de coherencia de la recién ungida mandataria Dina Boluarte en sus declaraciones y comportamientos (dado que meses antes había manifestado que si Pedro Castillo era vacado, ella se iría junto al entonces mandatario). Cuando comenzaron las protestas en regiones como Ayacucho y Apurímac (departamentos donde la población es mayoritariamente quechua-hablante) la respuesta que desde el ejecutivo se dio fue la de ordenar el restablecimiento del orden y la represión de las manifestaciones, ocasionando con ello la muerte de civiles; ahora estas protestas han ido sido más y más constantes extendiéndose a ciudades como Juliaca, Puno, Arequipa y Cusco, donde la respuesta de la Policía Nacional del Perú ha sido, desde mi punto de vista, desproporcionada y exagerada. Lo antes mencionado ha motivado la elaboración del presente artículo, a fin de entender las particularidades de la población que se muestran a favor de la renuncia de la presidenta Boluarte así como del adelanto de elecciones generales dada la falta de representatividad de la que padecen en la actualidad los poderes ejecutivo y legislativo.